Crónicas irreverentes

Por la soberanía nacional

2011-12-31T01:48:00.000-08:00

Óscar Gómez Mera

Aumentan el IRPF, bajan las pensiones (ya que al subir el IRPF el 1% se queda en nada), congelan la ley de dependencia y las ayudas para alquiler a jóvenes, bajan el sueldo a los empleados públicos (trabajarán más cobrando lo mismo), suben el IBI, congelan el SMI que es uno de los más bajo de la UE-15,... Todo ello no para garantizar el Estado del Bienestar sino para entregárselo a la Banca. Es decir, trabajaremos más para cobrar menos y tener menos derechos para que la Banca aumente sus ingresos.

España fuera del euro y de la UE. Hay que retornar a la peseta. Nacionalizar la banca para poner el capital al servicio de la economía y de las personas, y nacionalizar las empresas que antaño fueron del Estado (sin indenmización) y se vendieron a precio puta. Nacionalización de los sectores energéticos y de las compañías telefónicas.

Reforma de las administraciones públicas eliminando Diputaciones Provinciales, Senado y Casa Real. Que el Jefe de Gobierno asuma la representación del Estado sin aumento retributivo. Reducción del número de parlamentarios nacionales y autonómicos a la mitad y que sean elegidos en circunscripción única.

Que ningún cargo público o político pueda ganar más del triple del SMI. Eliminación de dietas y coches oficiales de manera absoluta. Eliminación de privilegios por parte de la clase política para cobrar pensiones. Que tengan que trabajar los mismos años que el español de a pie para poder cobrar una pensión.

Eliminación total de subvenciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y confesiones religiosas. Eliminación de la casilla de la Iglesia Católica de la declaración de la renta. Quien quiera formar partidos, sindicatos, iglesias y demás que se autofinancie.

Eliminación de los fueros vasco-navarros y de los conciertos económicos y privilegios de ciertas comunidades autónomas (lo dice un vasco). Que el IRPF y el IVA lo recaude el Estado. Que todos paguemos lo mismo y tengamos por consiguiente los mismos derechos, es decir, solidaridad interterritorial.

Eliminación de la bonificaciones a la Seguridad Social. Defendamos el sistema solidario intergeneracional e interterritorial de la Seguridad Social. Para ayudar a las empresas no es necesario cargarse la Seguridad Social, con una Banca nacionalizada se puede ayudar al pequeño empresario y autónomo con créditos blandos o a fondo perdido. Eliminación de los beneficios fiscales por tener un plan de pensiones.

Integración de los trabajadores autónomos en el régimen general de la Seguridad Social. Que tengan los mismos derechos de los trabajadores por cuenta ajena siempre y cuando no tengan empleados a su cargo.

Aumento de los impuestos a las grandes empresas y a la banca. Aumento del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas. Nacionalización inmediata de las empresas que habiendo obtenido beneficios planteen despidos o EREs.

Aumento del impuesto a las rentas del capital hasta el 25% para los primeros 5.000 euros, y del 33% en adelante. Prohibición de las SICAV que sólo cotizan al 1%. Si se quieren llevar el dinero fuera de España que lo hagan, ya que ese dinero no genera empleo ni crecimiento en España porque se obtiene de la especulación financiera.

Guerra al fraude fiscal. Más de 23.000 millones de euros deja de ingresar el Estado por no investigar el fraude de las grandes empresas. Que los inspectores de hacienda investiguen el fraude de las empresas y no el de los sujetos físicos. El 71% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas.

Con todas estas medidas y otras muchas que se quedan en el tintero no hace falta hacer recortes. Estos recortes y los que se aprobarán en marzo son impuestos desde fuera de España por los mercados y la UE . Unión Europea que no es unión política sino económica y mercantil. Una organización antidemocrática al servicio del capital internacional. España es una colonia en manos del capital transnacional cuyo buró político está en Bruselas y se llama Unión Europea. Por la soberanía nacional, España fuera de la UE y del euro.

Ya es Navidad

2011-12-10T12:30:00.001-08:00

Óscar Gómez Mera

Ya es Navidad en El Corte Inglés. Uno de los sitios donde la Navidad adquiere significado. Queremos mucho a nuestra familia, por lo menos una vez al año. Y es que es Navidad, y en eso consiste la Navidad. En quererse mucho. Pero sobre todo en demostrarlo regalando objetos que no sirven para nada excepto para saber cuanto nos quieren. Corbatas, pañuelos, colonias... Aunque no usemos ni corbatas, ni pañuelos, ni colonias... Pero es Navidad maldita sea. ¡Comprad estúpidos! Y estúpidas. Comprad y amaros los unos a los otros, y los otros a los unos. Y a las otras y a las unas. No dejéis de amaros tirando de Visa y 4B. Comprad dosis de felicidad con fecha de caducidad y huella ecológica. Trabajad, consumid, sed felices. O por lo menos pagad por intentarlo.

Ya es Navidad. Y San José y la Virgen han convertido el pesebre en una franquicia del Mercadona. Renovarse o morir. Es lo que tiene la crisis. Se admiten pagos con tarjeta. A partir del día 7 de enero ofertas especiales en carne de mula y buey.

Nueva reforma laboral, nuevo ataque a los derechos laborales.

2011-09-08T10:59:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

Aprovechando la tranquilidad del periodo vacacional el gobierno del PSOE ha aprobado una nueva reforma laboral. Ya en 2010 hizo coincidir la anterior reforma laboral con el mundial de fútbol de Sudáfrica. Reforma que se ha visto eclipsada por la reforma constitucional que introduce ideología neoliberal en la Carta Magna de 1978.

Con la excusa de fomentar la contratación se asesta un nuevo golpe a los derechos laborales, se precariza aún más si cabe el empleo, y se establece la inestabilidad laboral como norma y no como excepción.

1. Contratos temporales

Esta reforma suspende durante dos años la imposibilidad de encadenar contratos temporales durante más de 24 meses en un periodo de 30. Esta medida no reducirá el número real de parados, sólo frenará la rotación en el empleo. Su única consecuencia será que se verán reducidas las prestaciones por desempleo al verse prorrogado el tiempo en el que los mismos parados siguen sin poder cotizar.

2. Contrato para la formación

Hasta ahora la edad para poder formalizar un contrato para la formación estaba comprendida entre los 16 y los 21 años. Con la reforma y hasta el 31-12-2011 se podrán concertar este tipo de contratos con jóvenes de hasta 25 años. Y a partir de enero de 2012 y hasta diciembre de 2013 con jóvenes de hasta 30 años. Si la persona contratada es un desempleado la empresa estará exenta de cotizar a la Seguridad Social durante la vigencia total del contrato. En el caso de una empresa con más de 250 trabajadores la exención será del 75%.

Se amplía el plazo para prorrogar este tipo de contratos hasta 3 años. Si al finalizar el mismo el trabajador contratado se convierte en indefinido, la empresa recibirá una bonificación anual de 1.500 euros (1.800 si es mujer) durante un máximo de tres años.

La jornada de trabajo efectivo será del 75% de la jornada total (antes 85%) y la de formación el 25% (antes 15%).

Este tipo de contrato permitirá que un trabajador puede ser aprendiz hasta los 33 años, y en lo que respecta a las bonificaciones supone un golpe más contra el sistema solidario de la Seguridad Social: quien más tiene que aportar -las rentas del capital- no aportarán nada. Todo ello en un momento en el que los fondos de la Seguridad Social se han visto seriamente mermados.

3. Conversiones

Se amplía el periodo para convertir contratos temporales en "contratos de fomento de la contratación indefinida" (33 días de indemnización en lugar de 45) hasta 31-12-2012 (antes 2011). Es decir, habrá un año más para hacer contratos donde el despido es más barato. Además estarán bonificados hasta tres años con una exención de cuotas a la Seguridad Social de 1.500 euros al año (1.800 euros si es mujer).

4. FOGASA

Se extiende hasta 2013 el plazo en el que el FOGASA financia hasta 8 días la indemnización por despido objetivo. Supone volver a reintegrar a la patronal el dinero que aportan al FOGASA. El dinero vuelve a las arcas del capital.

El FOGASA se integra con el INEM.

5. Plan prepara

Se prorroga la ayuda a los parados que hayan agotado toda prestación. El salario mínimo interprofesional es de 738,20 euros en 12 pagas, de los más bajos de la UE-15. La ayuda a los parados asciende a la irrisoria cifra de 400 euros.

6. Fondo de capitalización de despido

Se traslada su puesta en marcha al primer semestre de 2013. Este plan consiste en crear un fondo para que cada trabajador pueda costearse su prestación por desempleo y hacer desaparecer así el actual sistema de solidaridad del actual seguro por desempleo.

CONCLUSIONES

Esta nueva contrarreforma laboral condena a los trabajadores en general a la temporalidad perpetua, y a los jóvenes en particular a la precariedad infinita.

Es un nuevo ataque al sistema solidario de la Seguridad Social al permitir por enésima vez el expolio que suponen las exenciones de cotizaciones a la patronal.

Abarata aún más el despido, que ya es libre.

Convierte al FOGASA en un instrumento al servicio de la patronal, ya que el dinero que aportan al mismo les será devuelto tarde o temprano.

En resumen, un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores, y un nuevo trasvase de riqueza desde los bolsillos de quienes la generan (los trabajadores) a las arcas del capital.

Programa, programa y programa.

2011-06-19T13:31:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

El Consejo Regional de IU de Extremadura ha decidido abstenerse en la votación para la elección del Presidente de la Junta. No ha tardado el PSOE y sus plumíferos a sueldo en desatar una feroz campaña contra la coalición, a la que acusan de permitir que el PP gobierne. Vayamos por partes.

IU ha decidido abstenerse y no votar ni al candidato del PP ni al del PSOE, aunque lo más sensato sería que votasen a su propio candidato. Quien permite gobernar al PP son los votantes que le han dado la mayoría. Parece que al PSOE se le olvida que el 22-M pasó de tener la mayoría absoluta a ser la segunda fuerza política tras un descalabro electoral sin precedentes. Aún así, veremos en los próximos cuatro años cuantas veces vota el PSOE con el PP, y cuantas lo hace IU con los populares.

No podemos olvidar que en muchos municipios extremeños y andaluces el caciquismo viene también de la mano del PSOE. Exigir ahora a IU que apoye a quien hasta ayer mismo ninguneó y menospreció a la coalición e hizo políticas reaccionarias, es un insulto a la inteligencia y una actitud sectaria propia de quien está en la política para beneficio propio y no de la mayoría de la población.

Votar la investidura de un alcalde o presidente autonómico del PSOE como medida para fomentar gobiernos de izquierda, es como tener tos y rascarse los genitales. Insisto una vez más en que los gobiernos no son de izquierdas o de derechas, que lo que es de izquierdas o derechas son los programas y las políticas a llevar a cabo por los mismos. El PSOE no busca la conformación de gobiernos de izquierda ni que la derecha, para el PSOE sólo el PP es derecha, no acceda al poder. Lo que busca es acaparar todo el poder que pueda tras un debacle electoral sin precedentes. Si el PSOE quisiera frenar a la derecha y la realización de políticas de izquierda no formaría gobierno en Navarra con UPN ni en Canarias con Coalición Canaria. No estaría en Ajuria Enea con los votos y el lastre del PP, ni gobernaría en muchos municipios vascos con el apoyo del partido de Aznar. No hubiese formado parte del gobierno cántabro de la mano del derechista PRC ni hubiese gobernado tanto años en Aragón con el PAR. O no hubiese permitido gobiernos municipales del PP (hasta 41 casos) en localidades donde podía gobernar IU con su apoyo. O en el PSOE tienen muy mala memoria, o ven demasiado la paja en el ojo ajeno a la par que obvian la viga en el propio.

De todas formas, la realización de políticas de izquierda no la garantiza no ya por la presencia del PSOE, sino ni siquiera la de IU. Haciendo memoria recordaremos gobiernos recientes de Ezker Batua con el PNV en Euskadi o de ICV con el PSC y ERC, donde las políticas de izquierdas casi brillaron por su ausencia. Programa, programa y programa. ¿Lo demás?, charlatanería y brindis al sol.

La pinza

2011-06-11T11:04:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

El PSOE depende de IU para alcanzar el poder en varios ayuntamientos donde el PP ha obtenido mayoría simple tras las elecciones del 22-M, amén de en la Junta de Extremadura donde se reproduce la misma situación. El Consejo Federal de IU ha declarado por boca de su Coordinador General que IU no permitirá gobiernos de la derecha (léase del PP). Pero hay asambleas locales de la federación que no parecen estar por la labor.

Ante esta situación en el PSOE las reacciones no se han hecho esperar y han sacado a colación, como no, el tema de la pinza entre IU y el PP. Acusan a IU de fraude a sus votantes por estar dispuestos a permitir gobiernos de la derecha, cuando la coalición se presenta como una fuerza de izquierdas. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Lo que no garantiza el PSOE es que tras que IU vote a sus candidatos se vayan a llevar a cabo políticas de izquierda. Por que la suma de PSOE e IU no da lugar a dichas políticas. Los partidos, los políticos, ni siquiera los electores son de izquierdas. Lo que es de izquierdas o de derechas son las políticas a realizar. Y que IU vote la investidura de un alcalde o presidente autonómico del PSOE no garantiza en absoluto que se vayan a realizar políticas de izquierda. Sólo mediante un programa de gobierno elaborado con luz y taquígrafos se garantizan las políticas de izquierda.

Si IU quiere no defraudar a sus electores tiene que obligar al PSOE, allí donde sea necesario su voto para desbancar al PP de la alcaldía, a negociar pactos de gobierno. De lo contrario se expone a que tras la votación el PSOE llegue a acuerdos con el PP para hacer recortes sociales. Por que la única pinza verdaderamente existente es la del PSOE y el PP para recortar derechos laborales, pensiones, sueldos, servicios sociales... Una pinza contra el Estado del Bienestar y la democracia.

Voluntad popular

2011-05-27T01:49:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

Bildu se ha ofrecido a PNV y a PSN para "desalojar de las instituciones vascas (y navarras) a quienes no respetan el derecho a decidir nuestro futuro", o sea, al PP. La oferta de Bildu ( aún y cuando en las alianzas postelectorales cabe de todo por tocar poder y dejar al adversario fuera) tiene un fondo tan poco democrático como la antidemocrática ley de partidos. Esta ley aprobada por el PSOE y el PP, lejos a combatir el terrorismo de ETA, persigue y criminaliza el independentismo y niega el derecho de asociación y concurrencia a procesos electorales de miles de personas.

La propuesta de Bildu dice estar basada en "coincidencias programáticas", según sus portavoces. Se podría alegar que la ley de partidos también: como ustedes no están a favor de la unidad de España y no condenan el terrorismo como nosotros, vamos a arrinconarles, criminalizarles y perseguirles. Bildu quiere arrinconar al PP utilizando como excusa su no soberanismo: como ustedes no son soberanistas (parece que el PSN sí) como nosotros, vamos a perseguirles y arrinconarles en las instituciones vascas (y navarras).

Ambos extremos, ley de partidos y "desalojo" del PP de las instituciones, desprecian la voluntar popular. La ley de partidos desprecia la existencia de una parte de la sociedad vasca que se reclama independentista y sus derechos como individuos. La propuesta de Bildu desprecia al sector de la sociedad vasca que ha votado al PP por que quiere que esté en las instituciones, de forma mayoritaría en Gasteiz y Araba.

Hablando de derecho a decidir. Ya sabemos que el PP no respeta el derecho del pueblo vasco a decidir si desea formar o no un estado independiente. Lo que no queda tan claro es si Bildu respeta la voluntad de los navarros, los cuales en innumerables ocasiones han dejado más que claro que no es no quieran ser independientes, sino que no quieren ser vascos. Si es que al final los extremos se tocan. Y si son nacionalistas más aún.

La interminable agonía de Ezker Batua

2011-05-25T22:57:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

Aún siendo una noticia de envergadura, en una noche electoral marcada por la marea azul del PP y el efecto Bildu el batacazo electoral de Ezker Batua (EB) no tenía cabida entre los grandes titulares de la prensa. Por ello apareció como titular de noticia menor o complemento de otras noticias de mayor calado.

Ezker Batua se desploma hasta rozar no ya el suelo, sino el ridículo. Pasa de obtener los 98 concejales que obtuvo en la Comunidad Autónoma Vasca en 2007, a quedarse con 13. Desaparece de las Juntas de Bizkaia y Gipuzkoa y obtiene poco más de 37.000 votos. El partido que llegó a tener grupo parlamentario propio en el parlamento vasco entre 1994 y 1998 (6 diputados cuando Madrazo no era Coordinador General), y a ostentar la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales de la mano del PNV, está a un tris de convertirse en una fuerza extraparlamentaria y de su desaparición.

Por que una Ezker Batua sin representación institucional desaparecerá sí o sí. Un partido que en los últimos diez años ha basado el 100% de su acción en el ámbito institucional, no sobrevivirá más allá de las subvenciones públicas y los representantes electos. EB lleva el mismo camino que el de Euskadiko Ezkerra, el de su autodestrucción irremediable. Los que en su día fuimos militantes de la organización lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo. EB es un cadaver político al que ya sólo queda enterrar. Ya era un cadaver cuando Madrazo cogió las riendas de la Consejería de Vivienda metiendo a EB en un pacto de Gobierno que destinaba a la coalición al mismo fin trágico que a Euskadiko Ezkerra. Lo siguió siendo cuando hace unos cinco años el PCE-EPK pasó de la noche a la mañana de ser oposición a Madrazo y sus adláteres, a coaligarse con él previo pago de canonjías y prebendas (liberados, protocolos, puestos de dirección...). Pero tras la debacle electoral de las autonómicas de 2009, donde EB pasó de 3 a 1 diputado y fue desalojada del Gobierno Vasco, amén de los recientes resultados de las municipales y forales, este cadáver ya no sólo es tal, sino que además empieza a oler a putrefacción. Un olor que echa para atrás. Madrazo, y todos los que en su día le apoyaron y apoyan (desde el escisionista, tránsfuga y político profesional Matute; hasta el Partido Comunista de Euskadi) convirtió un proyecto plural e ilusionante en su chiringuito personal y familiar sin importarle el futuro de la izquierda no nacionalista en Euskadi.

EB ha estado dedicada en el último decenio en alcanzar cotas de poder que en otra cosa. Para ello, no ha dudado más en preocuparse más de los derechos nacionales de no se cuantas patrias varias, que en luchar por los derechos de trabajadores y ciudadanos. Por que los únicos derechos nacionales verdaderos son los que tienen las personas, únicos sujetos garantes de derechos. Derechos propios de una nación de miembros libres e iguales totalmente alejados de cuestiones etnicistas e identitarias, propias del tradicionalismo carlista y del medievo.

Ezker Batua ha dilapidado el proyecto de una izquierda vasca nacional no nacionalista dejando a muchos vascos y vascas huérfanos de opción electoral, pero sobre todo de proyecto político. Se ha convertido en una nueva Euskadiko Ezkerra, o por aún , en un proyecto como Iniciativa per Catalunya-Verds, sin referente nacional y con el único objetivo de acaparar poder. Su apuesta le ha salido cara y camina de forma inexorable a la tumba.

BILDU

2011-05-07T02:23:00.001-07:00

Óscar Gómez Mera

El pasado martes día 3, se convocó en el municipio donde resido una concentración contra la ilegalización de Bildu, a la que acudí. Me congratula que la coalición Bildu puede al fin presentarse a las elecciones municipales, forales y autonómicas. Lo contrario habría sido un atentado contra la libertad de asociación y opinión de todas las personas que conforman Bildu y de sus posibles votantes. Atentando que se sustenta en la antidemocrática Ley de partidos, cuya única finalidad ha sido y es criminalizar el independentismo.

A pesar de que Bildu pueda concurrir al proceso electoral del 22 de mayo, el arriba firmante no depositará su voto a favor de esta opción, tan legítima como cualquier otra. Bildu es una coalición independentista, y el que suscribe no es ni independentista, ni nacionalista, ni abertzale, ni soberanista. Pero el motivo por el cual no votaré al Bildu no es éste.

Bildu está formada por EA, una escisión del ultraneoliberal PNV, y por Alternatiba, partido escindido de Ezker Batua y encabezado por Óskar Matute, un político profesional que hizo carrera en la Ezker Batua de Madrazo y que ha obtenido toda la representación institucional que posee mediante el transfugismo. Como todas las formaciones independentistas, Bildu reclama para Euskal Herria un estado propio. Otrora, un Estado era una organización social y política que velaba por el bien común frente al bien privado o individual. Hoy, un Estado es un títere de capital transnacional, una organización sufragada con nuestros votos y nuestros impuestos para velar por el interés de las empresas y de sus beneficios, en detrimento de los derechos de ciudadanos y trabajadores.

Por ello, reclamar hoy un Estado, o defender los ya existentes, se me antoja una aberración en toda regla. Más aún si dicha demanda o defensa procede de partidos o coaliciones autodenominadas de izquieda (...me muero de risa....). Partidos que, por otra parte, han arrebatado al pueblo el poco poder que en su día llegaron a ostentar. Si es que lo ostentaron. Vivimos en una partitocracia, son los partidos los que tienen el poder, no se puede participar en la llamada democracia sin formar parte de las organizaciones más antidemocráticas que existen: los partidos políticos. Curiosa paradoja, ¿no?. A mí, de lo que me gustaría independizarme no es de los otros pueblos y gentes que forman España, sino del Estado títere de las multinacionales y el capital transnacional, y de la partitocracia antidemocrática y totalitaria.

Por todo lo anteriormente expuesto no voy a votar a Bildu. Ni a ningún otro partido.

Adiós 2010, ¿próspero 2011?

2010-12-30T07:39:00.000-08:00

Óscar Gómez Mera

Finaliza el año 2010 y con él la primera década del siglo XXI. Toca, como no, hacer balance de un año que pasará a los anales de la Historia como el año en el que nos dimos cuenta de que la crisis no era cuestión de un rato y que, pese a las promesas electorales de Zapatero, sus consecuencias las íbamos a pagar los de siempre, mientras los que la causaron se iban de rositas con dinero público en los bolsillos.

Siempre he sido de los que han considerado a la socialdemocracia el hijo pródigo del liberalismo. Y en 2010 el hijo pródigo volvía a casa. Y lo hacía mucho antes que aquella marca de turrón que retornaba al hogar por la pascua navideña.

En mayo Zapatero daba un giro de 180º (y alguno más) y anunciaba un recorte de los salarios de los empleados públicos (funcionarios y laborales) de un 5%, la congelación de las pensiones contributivas para 2011 y el no cobro de los atrasos de las prestaciones económicas de la ley de dependencia, entre otras medidas. De nuevo un gobierno del PSOE era el encargado de recortar derechos sociales y laborales. Siendo este recorte, para mayor escarnio mofa y befa, el mayor de todos los habidos en la democracia. El hijo pródigo no sólo volvía a casa sino que lo hacía entrando hasta la cocina y sin tocar el timbre.

Como segundo plato de un menú macabro, el chef Zapatero nos deleitaba con una reforma laboral que abarata aún más el despido libre y facilita la causalidad para el mismo. Se entregaba a una clase asalariada atada de pies y manos, y con los ojos vendados, al pelotón de fusilamiento de la patronal.

Como guinda del pastel se anunciaba hace unas semanas la retirada en febrero de la ayuda de 426 euros a los parados sin subsidio, a la par que se establecía como fecha tope el 28 de enero para una reforma del sistema de pensiones que aumentará la edad de jubilación a 67 años, y el nº de años necesarios cotizados de 15 a 20 o 25. Todo ello en medio de un estado de alarma que Zapatero decretó para resolver un conflicto laboral que ni este ni ningún gobierno anterior tuvieron arrestos de atajar nunca. Si a un colectivo poderoso como los controladores aéreos, un gobierno les declara un estado de alarma, ¿qué no harán con el resto de los humildes ciudadanos y trabajadores?

Queda también pendiente para 2011 la negociación de los convenios colectivos, donde Zapatero ejercerá de centrocampista de la patronal para darle el pase de un nuevo gol que perforará, una vez más, la malograda red de la portería asalariada. Más poder para los empresarios a la hora de negociar: si no se firman convenios nuevos, los anteriores dejarán de tener vigencia y se aplicará el Estatuto de los Trabajadores puro y duro, y todo pichi a cobrar el Salario Mínimo Interprofesional. Salario que se acaba de aumentar para el año que viene en 8,23 euros al mes, quedando muy lejos de los 800 euros que prometió el PSOE al final de la legislatura. La excusa es que sólo afecta al 0,3% de la población activa. Un gobierno socialista, que en vez de ser condescenciente y solidario con los que menos ganan, utiliza la burda excusa de que son cuatro gatos los que cobran el SMI para hacer una subida paupérrima. Subida que nada tiene que ver con el 9,8% que subirá el próximo ejercicio el recibo de la luz.

Tanto el PSOE como Zapatero, después de todo lo expuesto anteriormente, son conscientes de que han cavado su tumba política y electoral. Perdieron Galicia, Catalunya y las elecciones europeas de 2009. La sangría continuará en 2011 con las municipales y autonómicas, y tendrá su colofón en 2012 con las generales y andaluzas. La Moncloa está más que perdida y en la calle Génova lo celebran eufóricos. En el PP saben que ganarán las generales se presente Zapatero o no, dando igual si el candidato pepero es Rajoy o el último concursante expulsado de Gran Hermano. Las tijeras de los recortes pasarán a las manos del PP que terminará por arreglarnos el flequillo, ya que de lo demás se ha encargado el actual inquilino de la Moncloa.

Triste consuelo. La única alternativa al liberalismo progre es el liberalismo neocon, al que los casos de corrupción lejos de pasarle factura le han lanzado en las encuestas e intención de voto. "¡Qué crisis más oportuna!", deben de andar pensando los del número 13 de la calle Génova. Porque a estas alturas de la película a pensar que IU (más preocupada en refundar sus miserias y en decidir si Villacenutrios del Cascajo es una realidad nacional histórica o una nacionalidad histérica) es alternativa a algo, no se le puede llamar pensar. Todo ellos mientras los nacionalistas se frotan las manos y se regodean en su catetismo cainita y cerril viendo que en río revuelto es donde mejor pescan. Y mientras, CCOO y UGT amagan con convocar otra huelga-farsa y movilizar a una clase obrera que durante 30 años se encargaron de tener sumisa y desmovilizada con su repugnante política de concertación-subvención.

Después de todo esto, ¿siguen ustedes creyendo en los Reyes Magos? ¿Sí? Pues todavía están a tiempo de reescribir sus cartas pidiéndoles a sus majestades que sustituyan el Scalextric, la Barbie Belén Esteban o la Play Station por un bote de vaselina tamaño familiar. ¿Féliz y próspero 2011? Me temo que va a ser que no.

ETA: ¿Tregua o final?

2010-12-29T03:57:00.001-08:00

Óscar Gómez Mera

Se acaba el año 2010 y el tan deseado comunicado de ETA anunciando el alto el fuego se hace de rogar. Ciudadanos en general, políticos y periodistas en particular, esperamos el dichoso comunicado como agua de mayo. Aunque a estas alturas de la feria un comunicado de alto el fuego de ETA tiene menos credibilidad que un programa electoral firmado por Zapatero. Nadie se cree ya que ETA tenga intención de dejar las armas sin obtener réditos de algún tipo. Ya que ni este Gobierno, ni ningún otro posible, está dispuesto a canjear ni humo por el final del terrorismo de ETA.

Que la tregua de ETA ha de significar su final para que sea minimamente creíble, lo sabe muy bien la banda terrorista. Pero no se quiere mostrar derrotada, aún a sabiendas de que son conscientes de que su debilidad es archiconocida. No puede atentar por el desmantelamiento físico y material al que le ha sometido el Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del mismo. No porque no quiera.

El acoso y derribo al que ha sido sometido ETA ha estado basado fundamentalmente en la Ley de partidos. Una ley que el arriba firmante considera antidemocrática y totalitaria, ya que lo que ilegaliza son ideas políticas y no a quienes están dispuestos a utilizar el asesinato para conseguir sus fines políticos y/o territoriales. La independencia de Euskal Herria, siendo uno jacobino a machamartillo y considerándola estéril y contraproducente para los intereses de los ciudadanos vascos (entre los que me encuentro), es una reivindicación tan legítima como la defensa de la República como forma de estado, como la aspiración de nacionalizar la banca o la instauración de un régimen nacional-sindicalista y comunal. Lo que hay que perseguir y combatir es el crimen y el asesinato, y no las ideas.

Consideraciones personales aparte, aún siendo cierto que el estado de debilidad en el que se encuentra ETA se debe al acoso al que ha sido sometido la banda y su entorno político y civil por el Estado y sus Cuerpos de Seguridad, considero que el factor determinante para que una tregua de ETA esté a punto de producirse no es tanto este acoso, sino la presión que el propio entorno de la izquierda abertzale ha ejercido.

Hay militantes y presos de ETA hastiados de años de lucha estéril, que lejos de acercar el resultado a la independencia de Euskal Herria, tuvieron que ver como en 2009 se formaba en la Comunidad Autónoma Vasca un gobierno del PSE apoyado por el PP, mientras que en Navarra continuaba gobernando la derecha española. Y, sobre todo, hay mucha gente en las bases de la izquierda abertzale cansada de ver tanto sufrimiento en ambos lados, tanto en las familias de las víctimas del terrorismo como en la propia militancia abertzale sometida en los últimos años al ostracismo político y físico. Tras 50 años de violencia y barbarie los objetivos de ETA y del independentismo vasco están más lejos que nunca.

La izquierda abertzale es consciente de que tiene que comenzar casi de cero la lucha política. Por ello es la propia izquierda abertzale quien desea librarse del lastre de ETA lo antes posible. Pero se encuentra dos escollos en este camino que anhela empezar a recorrer. El primero es su ambigüedad para romper amarras con la banda terrorista, exigiéndole alto y claro a ETA que se disuelva. El segundo, y más importante, es que tras el atentado de la T4 de diciembre de 2006 que supuso la ruptura del último alto el fuego decretado por la banda, nadie se fia ya de sus treguas.

Hambre para hoy, ¿pensiones para mañana?

2010-12-27T09:24:00.001-08:00

Óscar Gómez Mera

La excusa que Zapatero y su gobierno esgrimen para justificar el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, amén del incremento de 15 a 20 (o 25) del número de años para calcular la base de cotización, es el de garantizar en un futuro las pensiones y, por ende, el Estado del Bienestar. En resumen, Zapatero viene a decir que si se gasta menos dinero de la caja común de la Seguridad Social, este durará más.

Todo ello me recuerda a aquella siniestra historia-leyenda de la familia y el pedazo de carne. Una familia se hallaba sentada alrededor de la mesa a la hora de la cena. Disponían por todo alimento de un pedazo de carne en el fondo del congelador. Se planteaban si sacarlo y cocinarlo para cenar. Pero entonces, el padre alegó:

- Si nos comemos el pedazo de carne mañana no tendremos para cenar. Será mejor que nos vayamos todos a la cama sin comer, y así mañana aún tendremos algo que echarnos a la boca.

Así lo hicieron, reproduciéndose la misma situación al día siguiente entorno a la mesa familiar. Volvió el padre a imponer su opinión de no cenar para tener al día siguiente algo que comer. Y así fueron pasando las noches, yéndose la familia a la cama sin haber ingerido alimento alguno con el único fin de tener algo para comer al día siguiente. Incluso el día que todos los miembros de la familia fallecieron de inanición tenían para alimentarse, pues el pedazo de carne seguía en el fondo del congelador.

El gobierno plantea que trabajemos dos años más. Estos dos años más de trabajo, suponen dos años más que seguimos cotizando y dos años menos que no cobramos, lo que en su conjunto viene a ser una disminución de nuestra pensión de entre un 17 y un 21%. Si a todo ello le añadimos que el computo de los 15 años para calcular la base de cotización lo quieren aumentar hasta los 20 (o 25), nuestra pensión se verá disminuida entre otro 3,5 o 5%. Si además, suma y sigue, el tiempo necesario de cotización para cobrar el 100% de la pensión lo elevan hasta los 35 años habrá mucha gente que no llegue a cobrar la totalidad de la misma nunca, o que incluso nunca llegue a cobrar un pensión pública.

Muchos cotizantes no reunirán tal número de años, ya que la incorporación al mercado de trabajo se realiza cada vez a una edad más tardía, y es totalmente imposible que se mantenga de forma ininterrumpida en el mismo debido a la temporalidad. Por otra parte, los contratos a tiempo parcial son otro escollo para completar los 20 (y más aún los 35) años, ya que con un contrato de este tipo no se tiene cotizado un día por día trabajado.

La alternativa del Gobierno "socialista" para desarrollar y fortalecer el sistema de Seguridad Social (que aún en crisis mantiene el superávit) no pasa por buscar fuentes alternativas de financiación como en otros países. O por eliminar el tope máximo de cotización. O por eliminar las cuantiosas bonificaciones de que gozan los empresarios y que para nada sirven para crear empleo. O por meter mano a las prejubilaciones de empresas que jubilan a trabajadores con 52 años. Su solución no pasa por ver como somos capaces de llenar la nevera con comida para así podernos comer el pedazo de carne tranquilos, porque sabemos que mañana tendremos para comer. Su solución es que no lleguemos a cobrar las pensiones, o que si cobramos cobremos cada vez menos, para que así el pedazo de carne nos dure lo máximo posible.

Las abarcas desiertas (Miguel Hernández)

2010-11-21T12:42:00.000-08:00

LAS ABARCAS DESIERTAS

Por el cinco de enero,

cada enero ponía

mi calzado cabrero

a la ventana fría.

Y encontraban los días,

que derriban las puertas,

mis abarcas vacías,

mis abarcas desiertas.

Nunca tuve zapatos,

ni trajes, ni palabras:

siempre tuve regatos,

siempre penas y cabras.

Me vistió la pobreza,

me lamió el cuerpo el río,

y del pie a la cabeza

pasto fui del rocío.

Por el cinco de enero,

para el seis, yo quería

que fuera el mundo entero

una juguetería.

Y al andar la alborada

removiendo las huertas,

mis abarcas sin nada,

mis abarcas desiertas.

Ningún rey coronado

tuvo pie, tuvo gana

para ver el calzado

de mi pobre ventana.

Toda la gente de trono,

toda gente de botas

se rió con encono

de mis abarcas rotas.

Rabié de llanto, hasta

cubrir de sal mi piel,

por un mundo de pasta

y un mundo de miel.

Por el cinco de enero,

de la majada mía

mi calzado cabrero

a la escarcha salía.

Y hacia el seis, mis miradas

hallaban en sus puertas

mis abarcas heladas,

mis abarcas desiertas.

Medidas contra la crisis

2010-09-26T12:21:00.001-07:00

Óscar Gómez Mera

Las medidas adoptadas por el ejecutivo de Zapatero encaminadas a reducir el déficit público y, según ellos, a acabar con el desempleo han desembocado en una tardía convocatoria de Huelga General. Estas medidas basadas en postulados económicos neoliberales, y que bien podría haber adoptado el PP, se limitan a reducir el gasto público haciendo caer sobre las clases menos pudientes (empleados públicos, pensionistas, dependientes y trabajadores en general) el peso de una crisis provocada por la banca y el egoísmo usurero de un sistema, el capitalista, cuyo único y último fin se basa en obtener más y mejores beneficios a costa de quien sea. La única medida notable destinada a aumentar los ingresos ha consistido en la subida del IVA, lo que se traduce en que una cerveza le costará un 1% más tanto a un mileurista como al mismísimo Emilio Botín. Amén de la subida de un 1% y un 2% en el tramo del IRPF a quienes ganen respectivamente más de 120.000 y 175.000 euros. Lo que me temo, habrá provocado sonoras carcajadas entre las filas de aquellos que más ingresan.

Sin embargo el Gobierno podía haber intentado reducir el déficit (aunque de lo que se trata ahora es de aumentar el gasto público para aumentar el empleo) tomando medidas orientadas a incrementar los ingresos, consiguiendo además con ello mantener el gasto social y el consumo para crear puestos de trabajo. Esas medidas podían haber sido, entre otras, las siguientes:

1) Supresión de las Diputaciones Provinciales. En el actual Estado o sobran estas o sobran las autonomías. El arriba firmante se decanta por suprimir las primeras con toda su clase política y altos cargos. Con el trinomio Estado-Autonomía-Municipio la Administración del Estado está lo suficientemente descentralizada y burocratizada, siendo hoy día las Diputaciones Provinciales organismos que duplican las tareas que ya realizan autonomías o municipios. En ningún caso esto debería suponer un recorte o la eliminación de los empleados públicos provinciales, que seguirían al servicio de los ciudadanos bien en las autonomías o municipios.

2) Eliminación del Senado. Esta cámara se ha convertido en un cementerio de dinosaurios donde se aparca a las viejas glorias de los partidos políticos, y para nada constituye una cámara de representación territorial. El Parlamento debería ser la única cámara existente representativa no sólo de la voluntad popular, sino también de la representación territorial del Estado, ya que a los diputados se les elige por circunscripciones provinciales y no mediante una lista única. En el Parlamento ya están representadas todas las autonomías españolas.

3) Supresión de la Casa Real y de la monarquía. Que la Jefatura del Gobierno asuma las funciones del Jefe de Estado, sin que ello suponga ninguna remuneración añadida.

4) Establecer como tope salarial para los cargos públicos y altos cargos el triple del Salario Mínimo Interprofesional. Si los políticos quieren cobrar más de esa cantidad no les quedará más remedio que incrementar su importe.

5) No mas subvenciones a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, ni a ninguna confesión religiosa. Eliminación de la declaración de la renta de la casilla de la Iglesia Católica. Quien quiera pertenecer a partidos, sindicatos o iglesias que cotice de su bolsillo y no de los impuestos que está obligado a pagar. Esta medida fomentaría la independencia sindical, ya que los sindicatos serían organizaciones mantenidas y dirigidas por los trabajadores sin depender de las subvenciones del Gobierno de turno.

6) Aumento de los impuesto a las rentas del capital. Los primeros 6.000 euros deberían tributar al 20% (actualmente lo hacen al 19%) y del euro 6.001 en adelante al 25% (actualmente al 21%). Aplicación de los mismos porcentajes para las SICAV, que actualmente cotizan al 1% con la excusa de que es mejor que cotice muy poco a que ese capital salga de España y no cotice nada. Creación de una tasa del 0,1% para gravar a aquellos capitales que salgan del territorio nacional.

7) Recuperación de los tramos del IRPF de 1978 (cuando se instaura el impuesto) donde el tope máximo era del 65,5%.

8) Eliminación de coches oficiales y dietas pagadas para la clase política. Si los trabajadores españoles (el 64% mileuristas) nos tenemos que costear nuestro desplazamiento al trabajo y nuestra manutención de nuestro bolsillo, los políticos que cobran más que nosotros que hagan lo propio.

9) Eliminación de privilegios salariales y de pensiones a la clase política. Cuando un cargo público cese no cobrará parte de su sueldo ni durante un día, y la indemnizaciones que le puedan corresponder serán las que vengan recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. Para cobrar la una pensión de jubilación tendrán que cumplir los mismos requisitos que cualquier trabajador. Ningún cargo público podrá cobrar a la vez dos sueldos públicos ni ostentar dos o más cargos.

10) Eliminación del tope máximo de cotización a la Seguridad Social, así como de todas las bonificaciones en las cuotas patronales.

11) Recuperación del Impuesto de Patrimonio y aumento del Impuesto de Sociedades al 35%.

Todas estas medidas, exceptuando la de la supresión de la Casa Real por populista (que quieren que les cuente, republicano irreconciliable que es uno) son medidas que cualquier gobierno genuinamente socialdemócrata hubiera tomado para hacer frente a la actual situación económica. Pero el gobierno de Zapatero no es socialdemócrata, sino marxista. Pero no de la tendencia Karl, sino de la de Groucho. Aquel que decía: "Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros".

Democracia sindical, democracia incompleta

2010-09-20T12:55:00.001-07:00

Óscar Gómez Mera

¿Qué les parecería a ustedes que aquellas provincias españolas que no superaran los 200.000 habitantes no tuviesen representación en el Parlamento español? En la actualidad el Parlamento español se compone de 350 diputados. A todas las provincias les corresponde un mínimo de dos escaños, con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a las que corresponde uno. El resto se reparten en función de la población. Si se aplicase el requisito de tener 200.000 habitantes (por poner un ejemplo) para tener representación en las Cortes, algunas provincias como Soria, Segovia, Zamora, Teruel o las mentadas Ceuta y Melilla se quedarían sin diputados. Esto sería considerado por cualquier persona de cualquier ideología un atentado contra la democracia. Pues esto, a grosso modo, es lo que ocurre con la representación unitaria de los trabajadores.

Los representantes de los trabajadores se dividen en dos clases: los delegados de personal y los miembros de los comités de empresa. La diferencia entre ambos radica en que los primeros se eligen en empresas que tienen menos de 50 trabajadores, y los segundos en aquellas otras que superan tal número. Pero no en todas las empresas de menos de 50 trabajadores se pueden elegir delegados de personal, ya que es requisito sine qua non que en un centro de trabajo haya al menos 6 operarios (hasta hace unos años eran 10) para poder convocar elecciones sindicales. Según datos del INE existían en 2008 en España 1.415.007 empresas con menos de 6 trabajadores (en 2009, ya en plena crisis, esta cifra se redujo hasta 1.314.625, y a día de hoy entiendo que a de ser menor). Es decir, entre 4,5 y 5 millones de trabajadores españoles no pueden celebrar elecciones y elegir representantes en sus centros de trabajo, lo que se traduce que un 30% de la clase obrera española carece de democracia en sus empresas. Si a esta cifra le añadimos aquellas empresas en las que se pueden celebrar elecciones sindicales y no se celebran, ya sea por presión patronal o por desidia de los trabajadores, el porcentaje aumenta considerablemente. Teniendo todo esto en cuenta podríamos afirmar que la democracia sindical no llega a la mayor parte de los centros de trabajo, y que se concentra fundamentalmente en la gran empresa, y algo también en la mediana.

Es cuanto menos curioso que se pueda calificar de sindicatos mayoritarios a UGT y CC.OO., cuando ambas organizaciones no superan juntas los dos millones de afiliados (siempre según sus datos). Cuando se suele hacer esta afirmación los sindicatos arriba indicados suelen contestar que la condición de mayoritarios se la da, no la afiliación, sino la representación. Representación que no existe en un tercio de los centros de trabajo según lo expuesto anteriormente. Por lo tanto me permito la libertad de considerar a CC.OO. y UGT como sindicatos menos minoritarios.

Si verdaderamente se quiere fortalecer el sindicalismo de clase y que sean los propios trabajadores quien controlen la organizaciones sindicales, y no una cúpula como hoy día, se hace más necesario fomentar la representación sindical en lugar de la unitaria. La representación sindical se basa en elegir un representante de cada sindicato con presencia en la empresa. Es la asamblea de trabajadores afiliados a un sindicato quien decide quien es su representante, con posibilidad que sustituirlo cuando crean oportuno y no tener que esperar cuatro años a que finalice la legislatura. Esta figura ya existe, y viene recogida en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), pero es poco usada por los sindicatos menos minoritarios ya que las subvenciones las da la representación unitaria. Que de unitaria no tiene nada, ya que cada delegado o miembro de comité de empresa, una vez elegido, se dedica por norma general a atender exclusivamente a sus afiliados. Esta fórmula, la de la representación sindical, daría posibilidad de tener voz en aquellas empresas con poca plantilla.

Entender la descentralización productiva (José Luís Carretero Miramar)

2010-09-02T02:27:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

“La asociación del trabajo

es la fuente de la productividad social

y la separación de los trabajadores

es condición de su explotación”

Michael Lebowitz.

El compañero José Luís Carretero Miramar tuvo la gentileza de enviarme hace unos meses su último libro “Entender la descentralización productiva”. Como es de bien nacido ser agradecido me dispongo a comentar el mismo tras haberlo leido detenidamente. No ha de ser finalidad de mis comentarios el dar coba o hacer la pelota ni al autor ni a su obra, si no, primeramente agradecer a José Luís este libro (al igual que los dos anteriores, por necesario) donde recorre las vías de explotación y precarización del trabajo, utilizando como siempre un lenguaje comprensible para aquellas personas, entre las que se encuentra el arriba firmante, no demasiado puestas en la materia.

El primer capítulo del libro sirve para desgranar el origen y las causas de la crisis. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en la que los mecanismos de control y explotación laboral se han acelerado a ritmos vertiginosos? La producción se consideró en su día poco rentable y la economía sufrió una financiarización galopante. La especulación financiera se convirtió en el motor de la economía, ante la neutralidad del Estado y de unos sindicatos dóciles e institucionalizados que no dejan de ser un engranaje más del mismo.

La subcontratación desarrolla un papel primordial en esta loca carrera de la precarización. Sus consecuencias son, entre otras, las prejubilaciones, las restructuraciones empresariales, los despidos colectivos y las bajas incentivadas, ... y sobre todo la destrucción de puestos de trabajo para crear otros donde las condiciones laborales y salariales son peores.

La cesión de trabajadores se ha convertido en otro baluarte del mundo de la explotación y la precarización desde que en 1994 el gobierno del PSOE aprobara la ley que regula las ETTs. Si se puede subcontratar actividades del ciclo productivo, ¿por qué no externalizar la gestión de los Recursos Humanos? Al igual que con la subcontratación, uno de los problemas consiste en identificar si la responsabilidad es de la ETT o de la subcontrata, o de la empresa usuaria (o contratante en el caso de las subcontratas). Si se contrata directamente y existe un fraude de ley, el contrato se presupone indefinido. Pero si el fraude se da cuando la que contrata es una ETT, la responsabilidad se circunscribe exclusivamente al pago de salarios y a los conceptos de Seguridad Social.

El cuarto capítulo del libro nos sumerge en el maravilloso mundo de la restructuración empresarial, la cual está basada en el despido, o sea, en la destrucción de empleo. En España el despido es desde hace años libre, y es más o menos barato en función de varios factores: antigüedad, sueldo, tipo de contrato, ... Y más aún desde que el pasado mes de julio se aprobara la última reforma laboral, la cual supone la mayor merma de derechos laborales desde la muerte de Franco. Otra variante de la restructuración empresarial es la deslocalización, que no es más que un chantaje para aumentar la jornada laboral y reducir los salarios a cambio de mantener la producción.

El trabajo autónomo se ha convertido en una manera de huir del Derecho laboral y/o maquillar la propia relación laboral. Lo muestra el crecimiento más que significativo del número de autónomos que experimento el RETA hasta antes de la crisis, lo cual se intentó vender como que todo el mundo en España era empresario. Le pese a quien le pese, los nuevos autónomos no eran más que apéndices de empresas, o sea, falsos autónomos. Desaparece así el vínculo con la Seguridad Social y Hacienda, pero se refuerza la dependencia económica. La creación de la figura del autónomo dependiente no es más que la legalización del oprobio, del falso autónomo. Desaparece, por tanto, el mito de que el autónomo es una sujeto no sometido a la subordinación laboral, y se externalizan así áreas de trabajo fuera del Derecho laboral.

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la flexibilidad laboral y del concepto flexiseguridad. La flexibilidad laboral no es más que la precarización del empleo y de la vida del trabajador, tanto en su aspecto externo como interno. En el externo se flexibiliza-precariza la entrada y la salida de la relación de trabajo mediante contratos temporales-basura y el despido libre y cada vez más barato. En el interno aumentando la jornada laboral, reduciendo salarios, mediante la movilidad funcional o geográfica, la deslocalización ...

El libro se completa con algunos capítulos más donde se trata de los grupos de empresas, gigantes inasibles (en palabras del propio Carretero) que sirven para externalizar actividades a empresas del grupo, o la separación forzosa a la que somete el sistema capitalista a los productores, cuyo máximo esfuerzo (el del capital) se centra en escindir, incomunicar o separar a los trabajadores. Uno de los mecanismos para esto último es el modelo de representación de los trabajadores en la empresa, con una doble vertiente: unitaria (comités de empresa y delegados de personal) y sindical (delegados sindicales); basándose la primera de ellas en dividir al movimiento obrero mediante la lucha fraticida y cainita entre las propias organizaciones sindicales en pos de copar los comités de empresa y, por consiguiente, las subvenciones.

Finaliza José Luís el libro haciendo un llamamiento a la lucha por una sociabilidad más densa, por una concepción solidaria de la vida que vaya más allá de la lucha en el lugar de trabajo. Para optar a esta posibilidad de futuro es requisito sine qua non abandonar viejos prejuicios ideológicos y dogmáticos impuestos por las burocracias dirigentes de la pseudo-izquierda.

El libro se puede adquirir en la librería libertaria La Malatesta (http://www.lamalatesta.net/) o solicitándolo al sindicato Solidaridad Obrera (http://www.solidaridadobrera.org/). Su precio es de 7 euros.

Yo no pienso ir

2010-05-21T09:03:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

Como trabajador (temporal) de la administración pública estoy convocado a la huelga sectorial que CCOO y UGT han convocado para el próximo 8 de junio en contra del “zapatazo”. Huelga, que por mucho éxito que tenga, se verá reducida únicamente a un día de protesta. ZP seguirá adelante con sus recortes y los sindicatos mayoritarios callarán y otorgarán. La convocatoria del 8 de junio tiene como único fin el de justificar el papel de unos sindicatos, CCOO y UGT, que no son más que correas de transmisión y engranajes del Estado que les da de comer vía subvención, y por consiguiente del capital. Por lo tanto, yo no pienso ir.

El espíritu del 14 de abril

2010-04-11T07:38:00.001-07:00

Óscar Gómez Mera

Mal que les pese a los revisionistas de la historia, el 14 de abril no fue un golpe de Estado promovido por la izquierda contra la monarquía de Alfonso XIII. El único partido obrero con fuerza en 1931 era el PSOE, ya que el PCE no despuntaría hasta un par de años después, justo cuando Stalin vio una oportunidad dorada de establecer un nuevo satélite prosoviético. La CNT llevaba poco tiempo legalizada después de permanecer en las catacumbas durante la dictadura de Primo de Rivera. Además, el objetivo del sindicato revolucionario no era establecer un Estado republicano, si no acabar con todo vestigio de Estado.

Recordemos que las elecciones del 12 de abril no eran a Cortes, sino municipales. Lo que aconteció desde ese día hasta la proclamación definitiva el día 14 de abril de 1931 de la II República Española, fue una rebelión ciudadana reclamando futuro y dignidad para un país que siempre circuló (y circula) en el furgón de cola del progreso.

Los españoles, hartos de una monarquía que toleró y alentó una dictadura durante siete años, incapaz de sacar a España del atraso secular en el que se hallaba presa desde tiempos de Fernando VII, que otorgaba (y otorga) poder, beneficios y privilegios a una entidad criminal como era (y es) la Iglesia Católica, acudió en masa a las urnas a votar a las opciones republicanas. Incluso a las de derecha; pues no olvidemos que Niceto Alcalá Zamora, presidente provisional de la República, pertenecía al partido Derecha Liberal Republicana. Siendo además Don Niceto, católico practicante.

La ciudadanía española votó por Don Niceto, así como por Azaña, por Lerroux, por los federales, por el Partido Socialista de Pablo Iglesias... Pero ante todo y sobre todo votó por salir de las catacumbas, por abandonar el largo tunel del absolutismo de la monarquía y empezar a trabajar en pos de una España nueva y de todos.

Ese fue el espíritu del 14 de abril de 1931, el de la regeneración de España. No se buscaba el triunfo de la derecha ni de la izquierda, sino el de volver a poner al país en el camino de 1812 y de su “pepa” gaditana, y de acabar con los gritos de “Vivan las caenas”. Camino que no era otro que el de hacer progresar a España y por consiguiente a los españoles a la vez que acabar con los privilegios de clase y respetar la libertad individual.

En vísperas del 14 de abril de 2010, 79 años después de aquella jornada histórica, cuando organizaciones ultraderechistas y aquellos que acabaron con aquel sueño de abril a golpe de fusil y paseíllos son capaces de impedir que la justicia resarza a las víctimas que aquella masacre; cuando los herederos de Gil Robles y Calvo Sotelo (léase el PP) se llevan calentito el dinero de los contribuyentes y aún así siguen siendo líderes en intención de voto; cuando el PSOE (que nada tiene que ver con el de Pablo Iglesias), otorga cuantiosas sumas de dinero público a los banqueros y especuladores que nos sumergieron en la crisis con el silencio cómplice de unos sindicatos mayoritarios, que bien harían en tomar como referencia a aquella CNT (y a la de hoy) y aquella UGT de los años 30, es cuando se hace más necesario que nunca un nuevo espíritu como aquel del 14 de abril de 1931.

Fecha ésta, la del 14 de abril, en la que de ser España una verdadera democracia, se celebraría la Fiesta Nacional.

Me cago en Trotsky

2009-11-07T06:32:00.000-08:00

Óscar Gómez Mera

Cuando era joven y comunista, mi adscripción al socialismo variaba en función de la lectura que pasaba por mis manos. Cuando me hallaba inmerso en la lectura de “El Estado y la Revolución” o “Notas críticas a la cuestión nacional” era leninista. Si los libros que poblaban mi mesilla de noche eran los “Escritos revolucionarios” o “Diario de Bolivia” me tenía por guevarista. Llegué a pasar por estalinista una vez que me hice con unos cuantos de los tomos de sus obras completas en unos saldos de invierno.

Dicen que el tiempo lo cura todo, pero si ni mi santa madre ha sido capaz de hacer de mí un buen cristiano (ni siquiera uno malo), ¿qué carajo va a poder hacer el tiempo? Hoy, cuando sigo siendo comunista aunque no tan joven, ya que lo único que ha podido hacer el tiempo es ponerme años y canas, sigo teniendo algo en común con mi época de furibundo estalinista. Entonces, a pesar de haber leído a Trotsky, todo lo que sonaba a trotskismo nos hacía chirriar los dientes y nos generaba una sectaria desconfianza. Marx decía que él no era marxista, y yo quiero ser seguidor de la obra de Marx sin serlo. Pero como no se puede, diré que soy marxista. Porque al contrario de lo que no hice cuando era joven y comunista, que era leer a Marx antes que a nadie, hoy lo vengo haciendo y es por ello que todavía puedo decir que soy comunista. O por lo menos marxista.

Tiene cojones que sea precisamente hoy cuando el diario Público regala “La Revolución permanente” de Trotsky (libro que volveré a leer y a intentar entender), sea cuando me entero que Rafael Reig no trabaja ya en este diario. Eché en falta ayer su columna, pero pensé que se trataría de una reestructuración. Pero no. Rafael Reig no escribirá más columnas de opinión. Por lo menos no en el periódico de Jaume Roures. Le propusieron cambiar a la sección de Cultura. Se lo propusieron como propone la patronal: esto es lo que hay o si no te vas. Y él, acompañado de toda su dignidad, se fue. Seguro que no sin antes tomarse un par de whiskys con el resto de la redacción. Además, seguro que invitó él.

Soy lector de Público desde que vio la luz allá por octubre de 2007. Lo compro siempre los fines de semana, y entre semana los días que preveo que voy a poder leerlo sin prisa. Cuando no lo compro le echo un vistazo en internet. Lo compro por los DVDs, CDs y libros que regala. El de Trotsky incluido. Pero lo compro fundamentalmente por quien escribe en él.

A pesar de que Nacho Escolar ha pasado a ser el Umbral de Público escribiendo la contraportada del mismo, fue relegado hace unos meses como director. Rafael Reig molestaba con su opinión libre. Demasiado libre como dice hoy Antonio Orejudo en su columna. Por ello se lo han cargado miserablemente. No pudieron hacer lo mismo con Javier Ortiz, pero porque se murió antes. Isaac Rosa se me antoja como el siguiente en engrosar la lista de defenestrados.

Jaume Roures, dueño de Público a la par que antiguo militante de la trotskista Liga Comunista Revolucionaria, ha conseguido que el arriba firmante pase de ser un lector de su diario, a ser un cabreado lector del mismo. Lector cabreado que se transformará en ex lector tan pronto como Reig vuelva a escribir en algún diario. Aunque sea el Deia o La Razón. Se puede meter Roures los libros, DVDs, CDs y demás parafernaria donde pueda, ya que sin gente como el propio Reig, o Rosa, u Orejudo, o Saco, así como Martín Seco, Cotarelo, Taibo y demás articulistas libres, su diario no vale nada. Por lo menos no más de lo que vale El País. Y dicho esto sólo me queda cagarme en Trotsky.

1977-2006: 30 años de reformas laborales

2009-09-10T08:19:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

Diran ustedes que me repito hasta la saciedad, pero será por lo claro que hablo. Además toca. Toca porque desde que dió comienzo la crisis, desde la patronal y los sectores más derechistas y burgueses de la sociedad española se ha clamado a favor de una nueva reforma laboral. Despido libre es lo que piden, aunque traten de enmascararlo alegando que se creará empleo y tal y cual. Reproduzco a continuación un trabajo que elaboré hará un par de años sobre la historia de las reformas laborales en España, por considerarlo más de actualidad que nunca, y como humilde aportación en unos momentos en los que la clase asalariada seremos de nuevo (o eso parece si no lo remediamos) los verdaderos paganos de su puta crisis; todo ello con el beneplácito de unos sindicatos, CCOO y UGT, más preocupados de seguir manteniendo las subvenciones millonarias que del devenir de los verdaderos creadores de la riqueza nacional: los trabajadores y trabajadoras.

1977-2006: 30 AÑOS DE REFORMAS LABORALES

Una reforma siempre significa un avance, un logro por pequeño que sea. Las contrarreformas, por el contrario, son aquellas que nos llevan a definir los retrocesos. Hoy día la firma de un acuerdo con la clase patronal ya no resulta ser la firma de la paz tras una conquista obrera, sino el mantener la paz para que la clase explotadora consiga sus resultados económicos.

Las reformas laborales habidas en España en los últimos 30 años han venido a significar, en mayor o menor medida, pasos dados para mantener el estado de las cosas. Lejos de mejorar las condiciones de la clase obrera, lo que han hecho es agravarla a pasos agigantados. Las movilizaciones y huelgas de estos últimos años en el movimiento obrero no se han llevado a cabo para reivindicar nuevos derechos a conquistar, sino para protestar por aquellos que nos querían quitar.

Antecedentes predemocráticos

Bajo las condiciones del franquismo, y fruto de la fuerza y contundencia de la organización y lucha de la clase obrera hacia finales de los 70, los trabajadores consiguen el ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga, defensa de la igualdad y seguridad de permanencia en el puesto de trabajo. Todo ello obliga a la elaboración de normas como la de Conflictos Colectivos de 1975, y la Ley de Relaciones Laborales (LRL) de Abril de 1976. Tras la muerte del dictador genocida se desata una ofensiva que plantea un pulso al primer Gobierno de la monarquía franquista. Consecuencia de ello es la obtención de toda una serie de derechos recogidos en la mencionada LRL de 1976. La LRL concebía los contratos temporales como excepciones al principio de la estabilidad en el empleo. Imponía una restricción al despido libre pagado, obligando a los empresarios a la readmisión del operario despedido. Resulta cuanto menos “llamativo” que en un estado totalitario que hacía pocos meses había asesinado a cinco activistas de ETA y el FRAP, y en plena crisis económica y energética se formule por vez primera en el derecho laboral español una norma legal totalmente favorable a la contratación indefinida. Todo ello fruto de un movimiento obrero no burocrático y asambleario.

Pero no habrían de durar mucho las conquistas conseguidas. En Octubre del mismo 1976 el Gobierno Suárez presionado por la patronal suspendía el artículo 35 de la LRL, que era el que restringía el despido libre indemnizado, obteniendo como respuesta una huelga general el 12 de noviembre donde participaron dos millones y medio de trabajadores. En marzo de 1977 otro decreto ley introducía como causa objetiva de despido la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones tecnológicas y las “necesidades de la empresa”.

La transición estaba en marcha, el PCE es legalizado meses antes de las primeras elecciones democráticas, a la vez que comienza una maniobra para convertir el movimiento asambleario y democrático de las Comisiones Obreras en una confederación sindical que compita con la UGT, central en manos del PSOE, en la carrera de las elecciones sindicales, que supusieron un reducto para hacer pasar por el aro del sistema al movimiento obrero.

Reformas de los Gobiernos de la UCD

Según la clase burguesa española, la crisis económica era fruto sobre todo de las alzas salariales que habían deprimido la tasa de ganancia empresarial. Se pone en marcha el discurso de que para fomentar el empleo hay que fomentar el crecimiento empresarial. Discurso que ha dominado el debate sobre las sucesivas reformas laborales hasta nuestros días, y que tan desastrosas consecuencias ha traído a la clase trabajadora.

Se hacía para ello necesario interlocutores válidos que asumieran el discurso empresarial y que ejercieran así mismo de “controladores” del movimiento obrero. El primer paso para consensuar la salida capitalista a la crisis y al franquismo era la legalización de los partidos obreros y sindicatos. Una vez legalizados e institucionalizados el PCE y el PSOE, los sindicatos que estos dos partidos controlaban acabarían, tarde o temprano, tragando con la transición.

PACTOS DE LA MONCLOA

El gobierno de UCD y los principales partidos del arco parlamentario (PCE y PSOE incluidos) suscriben los Pactos de la Moncloa como fórmula para combatir la inflación mediante la moderación salarial. Los Pactos de la Moncloa suponen el inicio de un proceso de precarización del mercado laboral, ya que regula la contratación temporal y el ajuste de las plantillas en situación de crisis. Con estos pactos se abre la Caja de Pandora de la contratación eventual y de posibilitar el despido. Siempre en aras del crecimiento económico. Desde ese momento hasta hoy, pacto a pacto, acuerdo tras acuerdo, convenio a convenio, se han ido eliminando derechos y conquistas logrados por la clase obrera mediante la lucha.

Además en 1979 se firma el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) entre UGT y CEOE, que sienta las bases para el futuro estatuto de los trabajadores.

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (1980)

El Estatuto de los Trabajadores (ET) rompe con el principio de estabilidad en el empleo impuesto en el año 1976 por la fuerza del movimiento obrero. La ley que regula las relaciones laborales en España se hace sin la participación real de los trabajadores al no existir un proceso abierto de discusión o aprobación de una ley tan fundamental. El ET instaura el proteccionismo hacia las formas de explotación del capital sobre los trabajadores, consagrando el despido libre de forma individual y colectiva. Se reduce la cuantía por despido improcedente de un tope de 48 mensualidades a 42, y la opción de readmisión o aceptar la indemnización ya no opera e manos del trabajador sino del empresario.

Ese mismo año, 1980, se firma también el Acuero Marco Interconfederal (AMI) entre UGT y la CEOE. Es un compromiso para la negociación colectiva sobre salarios, productividad, derechos sindicales o el tiempo de trabajo. Este acuerdo supone un punto clave en la recuperación por parte del Estado y la patronal de la confianza en los sindicatos, y lo que hasta entonces habían sido exiguas subvenciones estatales se convierten en una financiación en toda regla que llevará a las centrales sindicales por el camino de la institucionalización y a acaparar el poder sindical por parte de CC.OO. y UGT, ya que son los que más garantías ofrecen al sistema. Como dato “curioso” hay que apuntar que ese mismo año de 1980 la conflictividad se redujo un 60%.

El año 1980 fue record en la firma de acuerdos para recortar derechos, ya que UGT y CEOE también suscribieron la Ley Básica de Empleo (LBE) que redujo las prestaciones por desempleo cayendo la cobertura de un 46,4% en 1981 a un 26,30% en 1984, aunque el número de desempleados se duplicase en ese periodo.

La UCD se despide del Gobierno de España con el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) de 1981, suscrito por el Gobierno, la CEOE, UGT y CC.OO. Este acuerdo sienta las bases para la política económica de ese año y del siguiente marcando pautas de moderación salarial, aceptándose incrementos salariales por debajo de la inflación. Trajo, así mismo, nuevas formas de contratación laboral destinadas a jóvenes sin primer empleo.

Las reformas del PSOE: del Estado del Bienestar al Bienestar del Estado

El PSOE abandonó casi de inmediato sus promesas electorales de creación de empleo y apoyo al trabajo fijo convirtiendo la contratación temporal en el eje de su política de empleo.

Comienza su andadura el Gobierno del PSOE firmando junto con UGT, CEOE y CC.OO. el Acuerdo Interconfederal (AI) en 1983. Nuevamente moderación salarial y sustitución de antiguos derechos laborales en los convenios. Posteriormente se aprueba el Real Decreto 2317/1983 mediante el que se regulan los contratos en prácticas, de aprendizaje y los contratos a tiempo parcial. En 1984 se firma por parte de UGT, CEOE y CEPYME el Acuerdo Económico y Social (AES) donde se fijan las pautas de negociación colectiva.

REFORMA DEL E.T. (1984)

En el ecuador de su mandato, y con las dificultades de una crisis económica que arrojaba la escalofriante cifra de 3 millones de parados, el Gobierno del PSOE procede a reformar el ET. Con la excusa de adecuar la legislación española a Europa y con la moraleja de que “más vale tener un empleo con pocos o ningún derecho que no tener empleo”, se adoptan medidas que desregulan el mercado de trabajo. Se “descausaliza” la contratación temporal, el empresario no tiene que justificar la contratación temporal. Se amplia el catálogo de la contratación temporal incluyendo 14 modalidades, entre ellos los contratos basura.

En 1985 el Gobierno aprueba una ley de Racionalización de los Sistemas Públicos de Pensiones, que supone un endurecimiento de los requisitos exigidos para la percepción de las pensiones de jubilación, además de una modificación del sistema de cálculo para establecer la base de las mismas con el fin de reducir su cuantía. Con esta ley se hizo perder un 12,5% de poder adquisitivo a las pensiones. Todo ello da lugar a la primera huelga general declarada al Gobierno del PSOE, convocada para el 20 de junio por CC.OO. junto a los sindicatos USO, CNT y ELA-STV, en la que participan más de 4 millones de trabajadores. 2 años más tarde se aprueba la Ley de Fondo de Pensiones, que regula los planes y fondos de pensiones y que supone el primer paso en el camino de la gestión mercantil de las mismas y su privatización.

REFORMA “CAMUFLADA” Y “DECRETAZO” `92

La segmentación del mercado de trabajo arrojaba una gran divisoria entre 2 grandes grupos de trabajadores: los que tenían un contrato temporal y los que tenían un contrato indefinido. En 1988 la temporalidad afectaba ya al 25% de los asalariados, siendo los jóvenes los más afectados (57%). La recuperación del empleo se basó en la temporalidad y los bajos salarios, aún así la tasa del desempleo superaba todavía el 20% fruto de las reconversiones industriales. Aún así el Gobierno se atrevió a llevar a cabo una segunda reforma laboral mediante el proyecto de un Plan de Empleo Juvenil. No iba destinado a la mejora de la inserción laboral de los jóvenes, sino a su uso ocasional para intensificar la precarización, lo que provocó la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que obtuvo un extraordinario respaldo y consiguió la retirada del proyecto.

En 1992 el Gobierno se atrevió con una nueva tercera reforma laboral mediante la promulgación del decreto-ley 1/1992 del 3 de abril de medidas urgentes de fomento de empleo y protección del desempleo conocidas como el “decretazo”. El decretazo suponía un triple recorte: disminuir los parados con derecho a prestación, disminuir la cuantía y el periodo de percepción de las prestaciones, y disminuir la aportación del Estado. El Gobierno adoptaba el punto de vista reaccionario de que las prestaciones a los desempleados desincentivan la búsqueda de empleo y convierten a los parados en unos defraudadores. Todo ello a pesar de que la prestación por desempleo es un derecho adquirido por los trabajadores mediante su aportación previa a la situación de desempleo o mediante las aportaciones de los demás trabajadores que cotizan para que el parado pueda recibir el subsidio. Lo cual es aún más cierto desde 1993 cuando los Presupuestos Generales del Estado dejan de financiar la cobertura al desempleo.

REFORMA LABORAL DE 1994

Apenas dos años más tarde, con una tasa de paro del 25%, el Gobierno procede a revisar de forma “ambiciosa” el ET con una nueva reforma laboral que se ocupaba de la entrada en el mercado de trabajo (contratación temporal), de la salida (despidos) y de la estancia (condiciones de trabajo y salario). Esta reforma también introdujo el contrato de aprendizaje, contrato-basura para los jóvenes, lo que suponía reincidir en el frustrado objetivo del Plan de Empleo Juvenil de 1988. Pero sin lugar a dudas la “medida estrella” tomada en 1994 fue la ley 14/1994 que legalizaba la cesión de mano de obra, el prestamismo laboral, en menoscabo de los servicios públicos de empleo. De este modo junto a la contratación temporal realizada directamente por los empresarios se une la que facilitan las Empresas de Trabajo Temporal a través del contrato de puesta a disposición.

La última reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Felipe González aumentó los márgenes de poder empresarial en el despido, incorporó el llamado despido económico mediante el cual los empresarios tuvieron la potestad de despedir al 10% de la plantilla sin necesidad de recurrir al Expediente de Regulación de Empleo, las condiciones de trabajo se vieron alteradas en aspectos como la movilidad funcional y geográfica, la polivalencia de los puestos de trabajo, la jornada laboral, vacaciones y descansos. Fueron derogadas paralelamente Ordenanzas Laborales lo que contribuyó a acentuar la desprotección de sectores más vulnerables.

Esta reforma provocó la contestación sindical con importantes manifestaciones de protesta que culminarían el 27 de enero de 1994 con la convocatoria de huelga general por parte de CC.OO. y UGT. La participación superó a la del 14-D de 1988, pero sin suponer una paralización absoluta de la vida nacional que sí supuso el 14-D. El Gobierno rechazó la negociación e hizo cundir entre las centrales convocantes del paro la idea de que la huelga había sido una “derrota sindical”. Ello condujo al abandono de la estrategia de confrontación sostenida hasta ahora por los sindicatos.

Las reformas del PP

Inicialmente el Gobierno del PP, que se encontraba gobernando en minoría, sustituyó el escenario de confrontación por uno de consenso con los agentes sociales. En ese marco los sindicatos mayoritarios ensayan una nueva concertación social, que pasa por no cuestionar las políticas neoliberales. Se pasaba de una reforma impuesta de forma unilateral por el Gobierno del PSOE, a otra “modélica” acordada por CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT. En esta ocasión las centrales sindicales firman lo que no firmaron en 1994, estableciéndose una dinámica que aún continúa de subvencionar y bonificar las cotizaciones empresariales. Los sindicatos aceptaron los valores del capitalismo neoliberal dominante, concretado en la flexibilización del mercado de trabajo y la supeditación de éste a la buena marcha de las empresas, reflejado en la piedra filosofal de la política burguesa de fomento de empleo. La medida de mayor calado adoptada por esta nueva reforma del ET fue la de establecer un nuevo contrato de fomento de la contratación indefinida (fijo barato), aunque no dejaba de ser por ello un abaratamiento de los costes del despido económico objetivo improcedente. De 45 días de salario por año de servicio con un tope de 42 mensualidades, a 33 días con un tope de 24 mensualidades. Otra medida fue la sustitución del contrato de aprendizaje por el contrato para la formación, nueva modalidad de contrato-basura destinado al colectivo joven. Todo ello no redujo ostensiblemente la temporalidad (del 35% al 31,5%) ni la tasa de rotación de empleo.

De cara a la renovación del Acuerdo para la estabilidad en el empleo (reforma de 1997) que finalizaba en 2001, CC.OO. y UGT firmaron el documento “Reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad”. Planteaban cuatro objetivos: reforzar la causalidad de la contratación temporal, establecer límites al encadenamiento de contratos, fijar un sobre coste económico a la contratación temporal y una serie de medidas relativas a las contratas y subcontratas. Pero esta nueva concertación social entre sindicatos, Gobierno y empresarios fracasa, y el Gobierno del PP en mayoría absoluta, efectúa la reforma mediante Real Decreto.

Frente a la unilateralidad del Gobierno, UGT propuso como respuesta una huelga general rechazada por la dirección de CC.OO. Más tarde ambos sindicatos volverán a firmar el Acuerdo de la Negociación Colectiva (ANC) de 2002 con CEOE-CEPYME. El destino de estos anuales es una moderación salarial y la subordinación completa a la flexibilización continua y a la competitividad de las empresas. Una desmovilización que los dirigentes de los sindicatos firmantes asocian con evitar “los conflictos innecesarios”.

Previamente, en el año 2000, se aprueba la Ley Orgánica 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la llamada Ley de Extranjería, con la que a los trabajadores inmigrantes se les excluye de cualquier derecho laboral o ciudadano (reunión, opinión, participación,…).

Al año siguiente el Gobierno del PP dispuso otra reforma laboral por decreto de 25 de mayo de 2002 llamada el “decretazo” para modificar las prestaciones por desempleo y de abaratamiento del despido. Esta reforma estableció la posibilidad de eliminar los salarios de tramitación en el supuesto del despido disciplinario improcedente si el empresario reconocía la improcedencia y depositaba rápidamente la indemnización en 48 horas. La respuesta fue un llamamiento por parte de CC.OO. y UGT a una huelga general que se llevó a cabo el 20 de junio de 2002, para finalmente acabar solicitando al Gobierno un cambio de orientación en su apuesta. El decretazo se impuso mediante un acuerdo entre CC.OO., UGT y patronal que,aunque suavizando algunos aspectos, lo fundamental continua vigente: despidos más fáciles y baratos y recorte de las prestaciones por desempleo tocando de muerte el subsidio por desempleo a jornaleros andaluces y extremeños.

Vuelve el PSOE, siguen las reformas

En 2004 el Partido Socialista volvía al poder tras derrotar al PP en unas elecciones generales marcadas por la tragedia que había tenido lugar 3 días antes, el 11-M. A pesar de los nuevos aires que Rodríguez Zapatero trajo a la Moncloa con su talante, las nuevas medidas encaminadas a desregularizar, más aún si cabe, el mercado de trabajo no se hicieron esperar demasiado.

En el año 2006 CC.OO. y UGT firmaban junto al Gobierno ZP y las organizaciones empresariales una nueva reforma del mercado de trabajo. Entre las medidas para impulsar la contratación indefinida y convertir el empleo temporal en fijo está ese contrato denominado “de fomento para la contratación indefinida”, fruto de la reforma laboral de 1997 cuya indemnización en caso de improcedencia del despido es más barata, y que va camino de normalizarse como el contrato indefinido que sustituirá al ordinario. A pesar de ello, este contrato que se ha ampliado a más colectivos no ha invertido la temporalidad, ya que ésta era antes de la reforma de un 34%, y ahora oscila entre el 31-32%.

Esta reforma además mantiene la política de otorgar incentivos y reducción de cotizaciones a las empresas, manteniendo el doble discurso de la patronal asumido en los últimos años por los sindicatos CC.OO. y UGT. Dicho doble discurso consiste en justificar los recortes de prestaciones sociales alegando la crisis del sistema de la seguridad social, pero en hablar claramente de los excedentes por cotizaciones sociales con los que se cuenta actualmente para satisfacer la constante reivindicación de la patronal de reducir sus cotizaciones mediante bonificaciones.

Con esta reforma la cotización por desempleo en la contratación indefinida pasará gradualmente hasta 2008 de un 6% a un 5%. El FOGASA se reduce del 0,40% al 0,20%. Las cotizaciones empresariales para los contratos temporales realizados por ETT`s pasa a ser del 7,7% al 6,7%. Resulta cuanto menos llamativo que un acuerdo que reitera una y otra vez que su objetivo es fomentar la contratación indefinida premie la contratación temporal de las ETT`s mediante las rebajas de las cotizaciones.

Una reforma que rebaja los derechos de los contratos indefinidos, rebaja las cotizaciones empresariales, abarata la indemnización por despido improcedente de los contratos convertidos de temporales a fijos con lo que el empresario puede pagar el despido con las bonificaciones recibidas por la conversión, fomenta aún más el contrato para la formación (contrato-basura sin derecho a prestación por desempleo) destinado cada vez más al colectivo minusválido…

A la reforma laboral hay que sumarle también la reforma de la Seguridad Social y las pensiones firmada por empresarios, Gobierno y sindicatos mayoritarios. Esta reforma ha elevado el periodo mínimo de cotización para acceder a una prestación por jubilación de 12,8 a 15 años, ha endurecido los requisitos necesarios para acceder a la jubilación parcial,…

Conclusiones de 30 años de reformas

Desde 1977 hasta 2006 los diferentes Gobiernos de turno han realizado unas reformas laborales que han sometido la vida de los trabajadores asalariados a los intereses de las ganancias empresariales y a la organización del trabajo. A su vez dichas reformas han propiciado un enorme ejército de reserva que engloba a los millones de parados y trabajadores precarios. La temporalidad ha llegado a rebasar el 34% frente al 15,8% de la media europea. Los jóvenes son el colectivo más afectado por la temporalidad, con el agravante de que para el 70% de la juventud el empleo conseguido poco o nada tiene que ver con la formación académica recibida, convirtiendo así a España en el país europeo donde menos jóvenes se han emancipado del hogar familiar. Todo ello ocurre cuando, según los voceros oficiales del régimen, España atraviesa un dulce momento económico y de empleo. Aunque claro, en dicha estadística se considera ocupado a quien trabaja una hora a la semana.

El colectivo inmigrante no se queda atrás, ya que el 63% del empleo temporal en 2005 fue cubierto por trabajadores extranjeros. Es en este colectivo donde la precariedad hunde más sus garras, el despotismo de la patronal con estos trabajadores no genera conflictividad abierta ante el miedo a perder su puesto de trabajo.

Otro sindicalismo es posible y necesario

Una nueva forma de dependencia respecto al capital se ha desarrollado mediante el crédito y la hipoteca. Por ello han disminuido las huelgas y las protestas en el mundo laboral. La clase obrera ha pagado caro el sumarse al carro de la salida capitalista a la crisis económica y su alineamiento con la izquierda del sistema. La clase obrera no ha sabido aprovechar la democratización política para desarrollar las organizaciones obreras, políticas y sindicales, dejándose seducir por la fórmula socialdemócrata del Estado del Bienestar.

La asunción por parte de la izquierda política y de los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT (aunque sólo representan a 1.700.000 de trabajadores afiliados) del discurso neoliberal tiene mucho que ver en ello. Las centrales sindicales ancladas en lo institucional e interesadas en firmar lo que sea y al precio que sea, se han instalado en la parálisis sindical, en contraste con la ilimitada codicia de la clase explotadora. Resulta más evidente que nunca que las cúpulas sindicales están al servicio del capital ejerciendo el papel de desarticuladores de cualquier cosa que huela a movimiento en el seno de la clase trabajadora. En todas las reformas laborales y acuerdos alcanzados, los únicos que se han beneficiado han sido la CEOE y las organizaciones sindicales que las han respaldado, nunca los trabajadores, ocupados estos últimos en pagar las letras y llegar a fin de mes en lugar de a la lucha. El sindicalismo se ha instalado en la oficialidad institucionalizada de un Estado que le pone todos los medios a su alcance. Las centrales sindicales actúan como grandes empresas de recursos humanos al servicio de la patronal y el Estado.

Hoy cuando la cosa no tiene visos más que de empeorar, se ha necesario otro sindicalismo. Un sindicalismo que no luche por mantener los derechos que aún nos quedan sino por recobrar los perdidos en los últimos años y aumentarlos. Un sindicalismo desde la base, donde sean los trabajadores informados en todo momento los que decidan. Un sindicalismo preocupado de mejorar la correlación de fuerzas de la clase obrera y no de mantener la estructura sindical. Un sindicalismo ajeno a la concertación social, que luche por obtener derechos y mejoras. Un sindicalismo asambleario, unitario y democrático ajeno al “patriotismo de siglas” que practican las cúpulas sindicales.

¡Qué ganas tengo que ser nacionalista!

2009-07-09T10:54:00.000-07:00

Óscar Gómez Mera

A mi modo de entender el nacionalismo, existen dos grandes modelos de nación: el identitario y el cívico-legal.

El identitario está basado en la idea de comunidad de cultura. Reacio a las ideas de la Revolución francesa, fomenta el identitarismo para enfrentar y dividir territorios. Estos nacionalistas exaltan el idioma, la cultura, la religión, la identidad pura y ancestral para justificar la necesidad de la estructura política del Estado, para justificar la sociedad de clases. Una sociedad donde todo el mundo habla la misma lengua, exalta la misma cultura, profesa igual religión, pero donde la minoría gobierna a la inmensa mayoría.

La nación cívico-liberal surge de la ya mentada Revolución francesa como oposición al poder absolutista de la monarquía. Reconoce a cada miembro de la misma como ciudadano, libre e igual ante la ley. Es una nación basada en leyes y normas, donde el pueblo no es un ente abstracto y/o metafísico, si no el conjunto de las personas que forman la nación. El racionalismo se antepone a conceptos identitarios.

Enfrentando estas dos grandes ideas de nación, el arriba firmante se decantaría irremediablemente por la que él mismo ha dado en denominar cívico-legal. Pero sucede que ese concepto de nación surgido de una de las más importantes y hermosas revoluciones de la historia de la humanidad (bueno, todas lo son , al menos en un principio, hasta que viene alguien y lo jode todo), ha derivado en una burda y vil mentira.

Hoy, todas las naciones modernas democrático-constitucionales (sean republicanas o monárquicas) están regidas por leyes que sobre el papel defienden y amparan al ciudadano/a y sus derechos, pero que en la práctica legislan para que el mercado (el único verdaderamente libre) y sus mercaderes puedan hacer de las suyas a su libre albedrío. Todo ello con el agravante de conservar parte del otro nacionalismo, el identitario, como método social de control y división del vil populacho. En esta nación, como no, también esta justificada la estructura estatal como garante del cumplimiento de las leyes y normas.

No le gustaría más al que suscribe que existiesen esas naciones de ciudadanos libres. Pero como es que no, no le queda más remedio que declararse apartida y anacional. Pero como no sólo de pan vive el hombre, ni la mujer, sólo me resta soñar con esa nación donde cada uno hable la lengua que quiera y profese la religión que más rabia le de, pero sin querer imponérselas al que tiene al lado, ni mucho menos la conjunto de la ciudadanía. Donde el cosmopolitismo se anteponga al monopolio de la identidad cultural. Una nación donde las leyes sean leyes porque son justas, y no donde a las leyes se las consideres justas por el simple hecho de ser leyes. Donde la democracia sea el poder del pueblo y no el de los partidos políticos, y mucho menos el del libre mercado. Y donde no necesitemos de una estructura política contraria al propio concepto de democracia, si no que seamos capaces de ser responsables, y por consiguiente libres, para resolver nuestros problemas.

Que ganas tengo de que esa nación exista, para poder nacionalizarme en la patria de la libertad y la democracia, y ondear mi bandera cada año en su fiesta nacional. Que ganas tengo de ser nacionalista.